Bolivia presiona a Perú por refugiados

LA PAZ (AP) — La decisión de Perú de otorgar asilo a un ex ministro de Bolivia amenaza con estallar una nueva crisis diplomática y profundizar la confrontación entre el Ejecutivo y el Poder judicial boliviano.

El presidente Evo Morales volvió a pedir el lunes a su colega Alan García "que deje de proteger a delincuentes" y aseguró que el asilo otorgado al ex ministro boliviano Jorge Torres "es una abierta provocación al pueblo y gobierno bolivianos".

"Ojalá pueda revisar su actitud", dijo el mandatario en una rueda de prensa y aseguró que García está violando normas al proteger a personas acusadas de delitos de lesa humanidad.

Perú otorgó asilo a Torres y evalúa pedidos de otros dos ex ministros procesados en un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2000-2003) por 63 muertes durante protestas antigubernamentales en 2003.

En Lima el Primer vicepresidente, Luis Giampietri, dijo que "nadie puede decirle a ningún país a quien debe o a quien no debe asilar". "Es una interferencia inaceptable en la política interna de un país", señaló el lunes en referencia al pedido boliviano.

Molestó a las autoridades peruanas que Morales llamé a su colega peruano chabacano al recordar que en una de sus polémicas con García, autoridades peruanas le endilgaron el mismo calificativo.

"Rechazamos esas declaraciones. Nosotros vamos a defender la figura presidencial", replicó el congresista peruano Luis Galarreta.

Pero el lunes Morales reiteró su postura. "Puedo demostrar que el presidente peruano es un chabacano que no respeta normas y protege a delincuentes", replicó.

Un caso similar detonó hace dos años la primera crisis entre los dos gobiernos cuando Lima solicitó la extradición del peruano Wálter Chávez entonces asesor de Morales, pero el gobierno de La paz negó alegando que se trataba de un refugiado.

Morales insinuó entonces que detrás del pedido peruano estaba la CIA estadounidense lo que molestó a Lima. Chávez enfrenta cargos por presunto terrorismo en Perú a nombre del desarticulado MRTA.

Otros incidentes posteriores tensaron más las relaciones entre los dos gobiernos.

En Bolivia el caso ha vuelto a agitar las relaciones con el Poder Judicial.

Morales respaldó la decisión de una comisión legislativa oficialista que ha pedido la suspensión del presidente de la Corte Suprema Eddy Fernández al que acusan de negligencia para resolver varias demandas entre ellas el juicio contra Sánchez de Lozada.

En abril de 2006 la fiscalía imputó al ex mandatario y 17 ex ministros, además de cinco ex jefes militares por los cargos de "genocidio en su modalidad de masacre sangrienta". El inicio del juicio oral está fijado para el 18 de mayo.

En octubre de 2003, miles de vecinos de la vecina ciudad de El Alto habían bloqueado el paso de combustibles a La Paz en rechazo a las políticas de Sánchez de Lozada entre ellas la de exportar gas por Chile a cuyo país Bolivia reclama una salida propia al mar.

Sánchez de Lozada mandó a los militares a desbaratar la propuesta que derivó en muertes. La revuelta obligó al ex presidente a renunciar y refugiarse en Estados Unidos junto a dos de sus ministros.

Esas muertes ahondaron la crisis política hasta el arribo de Morales al gobierno en enero de 2006.

Morales dijo el lunes que ha pedido a la administración del presidente Barak Obama cooperación para lograr la extradición del ex mandatario y dos de sus colaboradores.

Los imputados se han quejado de falta de garantías para un juicio justo y alegan que el gobierno presiona a la justicia. En una carta desde Peru, Torres dijo que no piensa regresar "mientras no se den las condiciones mínimas de un debido proceso".