Cárceles basura en Uruguay

El Penal de Libertad fue duramente criticado por el veedor de la ONU.

En cuanto Tabaré Vázquez asumió en 2005 como presidente de un partido de izquierda por primera vez en la historia uruguaya su gobierno impulsó la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, cuyo artículo más discutido disponía la liberación de algunos reclusos que no habían cumplido aún su pena. Salieron de la cárcel más de 800 presos. Según la información oficial, el 18% reincidió, cuando el promedio general era de 55%. Además, la norma establecía varias medidas dirigidas a mejorar las condiciones de la población carcelaria.

Entusiasmado, ese año el gobierno invitó al relator de las Naciones Unidas para la Tortura, el austríaco Manfred Nowak, a visitar el país. Pero Nowak tardó más de tres años en llegar a Uruguay. Lo hizo luego de recorrer países africanos y asiáticos. En el adelanto que presentó del informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator denunció “violaciones de derechos humanos a gran escala” en las cárceles uruguayas.

BEBER DEL INODORO

Uruguay es uno de los países con mayor tasa de presos: en 2007 había 217 cada 100.000 habitantes. En la actualidad hay 8.158 reclusos en un sistema penitenciario con capacidad para 6.164, y entran 97 nuevos cada mes.

“Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a sí mismos, para poder ver a un médico”, dice el informe de Nowak sobre una de las principales cárceles del país, que aloja a 1.180 personas. Su descripción de otra de las grandes prisiones uruguayas, el Comcar, con 2.720 presos, es parecida.

Nowak comprobó las “disparidades inmensas” entre los reclusos, ya que el trato que reciben “parece determinarse de acuerdo con el estatus económico y social de los detenidos”.

Los adolescentes infractores detenidos en centros de rehabilitación estatales “viven en condiciones realmente pobres”, “carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación” y “se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día”.

El relator de la ONU advirtió que “el riesgo de colapso del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuente seria de inseguridad, violencia y deterioro de los valores básicos que severamente impactan en la sociedad en general”.

REACCIONES
De inmediato, el presidente Vázquez instruyó a la ministra del Interior, Daisy Tourné, a formular un plan para mitigar el hacinamiento en las prisiones. Una semana después la ministra presentó las nuevas medidas, que incluyen la creación de 1.250 plazas distribuidas en otras cárceles e incluso en predios y locales cedidos por otros ministerios.

A la distancia, Nowak se declaró “extremadamente satisfecho” por la respuesta del gobierno. Un mes y medio después, recién se están licitando las obras requeridas y los nuevos lugares aún no fueron creados.

Además, algunos se resisten a la llegada de los nuevos vecinos. Habitantes del barrio Punta de Rieles, donde se piensa colocar a 550 reclusos en una unidad militar, manifestaron su rechazo por la medida. También los funcionarios de la colonia psiquiátrica Santín Carlos Rossi declararon que están dispuestos a abandonar sus puestos de trabajo si se concreta la llegada de 55 presos.

El informe de Nowak generó inquietud entre la población carcelaria. La policía debió combatir el 15 de abril un motín en la cárcel Las Rosas en el departamento de Maldonado, al este de la capital. Días después se organizó una requisa de armas en el Comcar y se hallaron más de 300 armas blancas caseras —llamadas “cortes”—, un arma de fuego, 50 teléfonos móviles y varios tipos de droga.

En tanto se les buscaba nuevo alojamiento, 21 adolescentes fueron ubicados en comisarías, donde una noche tres de ellos prendieron fuego colchones e incendiaron el lugar. El miércoles 13 los reclusos de un hogar correccional se amotinaron y lo destruyeron. El sindicato de funcionarios del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) ha advertido varias veces en la prensa que las condiciones son de “emergencia”. Los jóvenes delincuentes son los más temidos porque se fugan a menudo de los centros correccionales y el 60% reincide.

INSEGURIDAD
El problema ha saltado desde hace tiempo los muros de las prisiones. Por ejemplo, hace una semana que no se habla de otra cosa en las primeras planas de los diarios de Montevideo que del asesinato el viernes 8 de mayo por la noche de dos adolescentes antes y después de un partido de basquet. La ministra Tourné dice que el problema “no lo va a solucionar sólo la policía”.

“Yo sé que es más fácil buscar un chivo expiatorio y tratar de encontrar un culpable porque así nos sacamos el problema de encima, (pero) somos un poco todos responsables”, opinó el viernes 15.

La inseguridad ya se erigió como el tema principal de la campaña electoral, con cuestionamientos a diario desde la oposición, que ofrece al ex presidente Luis Alberto Lacalle como el más probable candidato, según las encuestas, para disputar en octubre y noviembre con el ex guerrillero y actual senador oficialista José Mujica —el político más popular del país— quién será el elegido para intentar apaciguar a la población, tanto la que habita delante como detrás de las rejas.