Diamantes opacos

En 2006, la República de Zimbawe, se encontraba en lo más profundo de su crisis política, económica y humanitaria. En ese marco de incertidumbre y pobreza se descubrieron los campos de diamantes de Marange, a los cuales los aldeanos se acercaron rápidamente. Con igual velocidad, comenzaron a encontrar gemas muy cerca de la superficie.

A raíz del hallazgo y el crecimiento de la actividad, la Corporativa de Desarrollo Minero –un organismo protegido por el Ejército nacional– empezó a controlar la recolección de piedras preciosas. Pero según la organización de protección y defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, las Fuerzas Armadas, en  lugar de mantener el orden y asegurar el correcto desarrollo del trabajo, torturan y someten a trabajos forzados a los adultos y los niños del distrito.    

HRW denunció que el Ejército de Zimbawe se apoderó de los campos de gemas en el Este y mató a más de 2.000 personas. La oficina, con sede central en Nueva York, entrevistó a más de 100 testigos –entre ellos mineros, policías, soldados y niños- para redactar el informe “Diamantes en bruto”, en el cual detallan las denuncias de abusos por parte de las fuerzas armadas nacionales para controlar el acceso a las piedras preciosas.

CAMINO A LA TRANSPARENCIA
En una conferencia en Johannesburgo, los oficiales de HRW le exigieron al Proceso de Kimberley que le pusiera fin al comercio ilegal que se da en Marange. Dicho acuerdo establecido en 2002 tiene como fin acabar con el flujo de diamantes de sangre con los cuales se solventa la violencia en el continente. Sus participantes están obligados a certificar el origen de las piedras preciosas que comercializan, lo cual les aseguraría a los clientes que no están financiando las guerras ni los abusos de derechos humanos con la compra de esos productos. Los miembros pertenecientes controlan la industria mundial de los diamantes y puede exigirle a Zimbawe, uno de sus participantes, que modifique profundamente el marco de violencia en el que se da la explotación de los campos. La nación africana, al convertirse en miembro formal del Proceso de Kimberley, asumió la responsabilidad de terminar inmediatamente con el contrabando y los abusos que ocurren en Marange, y debe garantizar un correcto control interno de la industria del diamante.

AL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO
El informe también sentencia que parte de los ingresos de la explotación de los campos estaría destinada a oficiales del partido del presidente Robert Mugabe, el ZANU-PF. La organización política fue acusada de interferir en el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia en la nación del sur de África. Human Rights Watch le exige a la coalición gubernamental que termine con los abusos y que se procese a los responsables.

El Director Ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, exige que se incluya entre los diamantes de sangre a las gemas que son extraídas a través de “la represión y la violencia” de los gobiernos. Se estima que la explotación de dichas piedras genera ingresos de US$20 millones al mes a un país con grandes necesidades de dinero, pero la Corporación de Desarrollo Minero de Zimbawe reportó en 2007 que ganó US$15 millones por la exportación de gemas.

UN PEDIDO FUERTE Y CLARO
El Viceministro de Minería negó las acusaciones de la HRW y aclaró que la presencia militar se debe a razones de seguridad. Sin embargo, más allá de la respuesta del Gobierno, la organización les recomienda formalmente a las autoridades nacionales que retire las tropas del distrito de Marange, desmilitarice la industria y asegure que la policía respete las leyes internacionales del uso de la fuerza; y le aconseja a la comunidad mundial que continúe presionando a Zimbawe para que investigue y procese a todos los responsables de los abusos de los derechos humanos, poniendo fin a la prevaleciente cultura de la impunidad.

Karen Kesselbrenner
karen@observadorglobal.com
Twitter: @kesselbrenner