Guerra diplomática entre Caracas y Bogotá

El asesinato de 10 personas en la frontera entre Venezuela y Colombia hechó más leña al fuego de la crisis diplomática entre ambos países - AP

Caracas expresó a Colombia su "más enérgica protesta" por considerar que funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o policía secreta colombiana, "escudados en las presuntas investigaciones sobre este lamentable suceso han sido detectados ejecutando labores de espionaje y otras acciones tipificadas como delitos por el código penal de nuestro país".

El comunicado de protesta de la cancillería venezolana, divulgado por la estatal Venezolana de Televisión, no brindó detalles sobre ese presunto espionaje, cuándo se habría realizado ni en qué actividades y sólo indicó que los agentes del DAS fueron "detectados realizando labores de espionaje e intento de soborno, actividades claramente inamistosas".

Tampoco mencionó nuevas pistas de los 10 asesinatos, ocho de ellos de colombianos según autoridades de Bogotá. Sólo agregó que debido "a la falta de recursos del estado colombiano para trasladar estos cuerpos a su país de origen, el gobierno nacional (de Venezuela) tomó cartas en el asunto y este lunes inició el proceso de traslado hasta la morgue de la ciudad de Cúcuta, Colombia, a objeto de entregarlos a sus familiares".

En Bogotá funcionarios de la cancillería desestimaron esa versión y dijeron que Venezuela negó el ingreso de una nave colombiana a su territorio para recoger los cuerpos.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, pidió a Venezuela y Colombia "trabajar conjuntamente para asegurar que los culpables rindan cuentas ante la justicia y prevenir que ocurran más atrocidades terribles como esta".

"El asesinato brutal de estos secuestrados lamentablemente encaja dentro del patrón de abusos sistemáticos por parte de grupos armados en el conflicto colombiano", agregó el activista en un comunicado.

Las autoridades venezolanas confirmaron el hallazgo el sábado en distintos puntos del estado de Táchira, en la frontera con Colombia, de 10 cadáveres. Los muertos podrían ser parte de un grupo, que según parientes de las víctimas, habían sido secuestrados el 11 de octubre en el municipio Fernández Feo, también en Táchira.

"En las investigaciones realizadas se ha decomisado documentaciones que se refieren a un gran plan de conspiración, desestabilización en contra de Venezuela, con repercusiones en la región, lo cual contraviene los principios del derecho internacional que rige las relaciones entre estados soberanos", agregó la cancillería venezolana sin dar otros detalles sobre los documentos decomisados.

Caracas "exige al gobierno... de Colombia, el cese de actividades como las descritas... así como la suspensión de toda actividad que atente contra la soberanía, integridad territorial y estabilidad democrática de Venezuela".

El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizalez, declaró que "existen muchos indicios" que sugieren que las víctimas estaban relacionadas con grupos paramilitares colombianos.

"La manera como llegaron, su identidad como grupo, nos hace pensar que son parte de esos planes de infiltración del gobierno colombiano apoyado por factores internos", agregó el vicepresidente en un reporte de la televisora regional Telesur, divulgado por su despacho.

El funcionario afirmó que los pobladores de la zona aseguran que frecuentemente aparecían involucrados en hechos violentos, así como en la ingesta de alcohol.

Horas antes en Bogotá, el canciller colombiano Jaime Bermúdez pidió a las autoridades venezolanas que esclarezcan los crímenes.

"Es muy importante que las autoridades venezolanas colaboren rápidamente, ágilmente en establecer la causa" de las muertes y "no hay ninguna hipótesis descartada", dijo el canciller a reporteros en Bogotá.

"No lo tenemos claro para nada", respondió el ministro al ser consultado sobre las versiones en Caracas que fue una acción perpetrada por el rebelde grupo colombiano del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las "hipótesis que hay aquí presentes pueden ser tema de mafias, de milicias, de guerrilla", agregó.

Hasta ahora no ha quedado claro qué hacía el grupo en Táchira, ni desde cuándo se encontraba en esa región o quiénes pudieron ser los autores de la masacre. Las autoridades venezolanas han dicho que hubo un sobreviviente, el colombiano Manuel Junior Cortez, de 19 años; y quien actualmente es atendido en el Hospital Militar de Caracas.

El presidente Alvaro Uribe pidió "al gobierno de Venezuela, a su presidente, para que por encima de cualquier diferencia busquemos cómo puede haber una coordinación de actividades para proteger... (a) los ciudadanos colombianos y de los ciudadanos venezolanos".

Chávez declaró "congeladas" a fines de julio las relaciones políticas y comerciales con Colombia.

Por su parte el Defensor del Pueblo colombiano, Volmar Pérez, quien ha estado en San Antonio del Táchira junto a autoridades consulares colombianas recabando datos de las víctimas, indicó que los ciudadanos colombianos muertos eran ocho y los otros dos correspondían a un venezolano y a un peruano.

Chávez, tildó de "retardado mental" al ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, quien afirmó que en Venezuela hay "tráfico libre" para las drogas.

"Yo creo que él (Silva) es retardado mental por lo menos, debe ser retardado mental, pero no, no, él sabe lo que está haciendo, él está siguiendo instrucciones del imperio" de Estados Unidos, afirmó Chávez en su programa televisivo "Aló presidente".