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    Las cárceles secretas de China

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    20.11.09
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    La agrupación por los derechos humanos Human Rights Watch elaboró un informe en el que pone al descubierto el accionar represivo de las cárceles clandestinas chinas, pero también los aspectos económicos que las sustentan pese a que violan todas las leyes internacionales y las del propio país. El caso de un estadounidense detenido desde hace dos años en un lugar oculto reavivó el reclamo por los derechos de estos prisioneros.

    Imagen de Las cárceles secretas de China
    La agrupación Human Rights Watch denunció la actividad represiva de las cárceles clandestinas en China - AP

    El secuestro de personas que van a Beijing a presentar alguna queja ante el gobierno central de China y su detención en cárceles clandestinas a fin de silenciarlos se ha convertido en una industria subterránea rentable que la policía se niega a detener, denunció el jueves un grupo de derechos humanos.

    El informe presentado por el grupo de derechos humanos Human Rights Watch, de Nueva York, sobre "cárceles clandestinas" fue preparado en base a entrevistas a 38 personas que dijeron que fueron secuestradas por sicarios mientras trataban de presentar quejas sobre sus autoridades locales ante el gobierno central. Afirmaron que los tuvieron detenidos por días o meses en centros de detención improvisados sin alimentos y sin dormir, fueron golpeados y amenazados. La policía presuntamente ayudó a los captores o se negaron a intervenir en varios casos, indicó.

    Las cárceles clandestinas comenzaron en China hace seis años después que se le prohibió a la policía detener a los vagabundos. Las cárceles, que por lo general son improvisadas en hostales, edificios de viviendas o en fábricas abandonadas, han sido bien documentadas por grupos de derechos humanos, abogados y medios de comunicación internacionales.

    Sin embargo, el vocero del ministerio de relaciones exteriores, Qin Gang, rechazó el resultado del estudio de Human Rights Watch y cuestionó por qué había sido divulgado.

    "No sé cuál es su motivación", señaló días atrás en una conferencia de prensa. "Puedo asegurarles que no existen las llamadas cárceles clandestinas en China. Nuestra prioridad es el pueblo, y estamos en un gobierno para el pueblo".

    El informe revela nuevos aspectos económicos de las cárceles y por qué se evita tomar medidas drásticas para detenerlas pese a que violan las leyes de China y las  internacionales.

    Responsabiliza a un programa de evaluación de servicio civil que usa un sistema de puntaje que sanciona a los funcionarios si demasiadas personas presentan quejas sobre su jurisdicción ante el gobierno central y premia a aquéllos que pueden minimizar las quejas. En vista de que las evaluaciones están vinculadas a bonificaciones y promociones, es beneficioso para los funcionarios pagar a personas para que intercepten, detengan e intimiden a los denunciantes, indica el informe.

    Human Rights Watch también señala una presunta regla interna que dictó el gobierno a las autoridades en Shimen, un condado de la provincia de Hunan en el sur de China en el 2007, que dice que los funcionarios reciben dos puntos si logran devolver a los denunciantes que llegan a Beijing o a la capital provincial Changsha, mientras que a aquéllos que no logran hacerlo se les reduce medio punto.

    Las autoridades por lo general pagan por las cárceles clandestinas entre 22 y 44 dólares  por día, donde se retiene a los denunciantes hasta que sean recogidos y se les devuelva a sus lugares de origen, indica el informe.

    Se calcula que cada año se detiene a unas 10.000 personas en cárceles clandestinas, aunque el número incluye algunas personas que son detenidas en varias ocasiones.

    Detenido en China
    El estadounidense Xue Feng, detenido desde hace dos años en algún lugar oculto de China - AP
    El estadounidense Xue Feng, detenido desde hace dos años en algún lugar oculto de China - AP

    El geólogo estadounidense Xue Feng fue detenido hace dos años en China y desde entonces permaneció en un lugar no revelado de Beijing acusado de robar secretos de Estado sobre la compra de una base de datos comercial del sector petrolero.

    El caso de Xue, que estudió en la Universidad de Chicago, ha sido llevado por fiscales que no han llegado a una conclusión y cortes que pidieron más evidencias en otras dos ocasiones, según una resumen del caso preparado por la esposa de Xue que fue proporcionado a la agencia AP.

    El martes, el presidente de Estados Unidos Barack Obama comentó el caso de Xue en su cumbre en Beijing con el presidente Hu Jintao, dijo un funcionario de la Casa Blanca que viaja con el presidente.

    Pero la información sobre este detenido había permanecido oculta ante el mundo. Cuando Xue pidió que se hiciera pública, su esposa y la consultoría estadounidense con la que trabajaba hasta meses antes de su detención se negaron, pues temían que al divulgarla lo afectarían más.

    Para ese entonces Xue tenía quemaduras de cigarrillo en los brazos, que sus captores le habían hecho durante sus interrogatorios. La embajada estadounidense ha estado atrapada entre las peticiones de Xue y el deseo de su esposa para mantener su privacidad, por lo que ha tenido que hacer maniobras ocultas para lograr su liberación.

    Además de ser un ejemplo del sistema de justicia abusivo e intransigente de China, el caso de Xue crea fuertes dudas sobre la poca presión que suelen usar los gobiernos, las compañías y los familiares de los detenidos, creyendo que esto puede ser más efectivo con los dirigentes autoritarios chinos.

    "En medio de circunstancias difíciles y peligrosas, el doctor Xue dejó en claro que quería que la población estadounidense supiera de su desgracia. No dudo que si sus deseos se hubieran respetado, este caso ya estaría resuelto", dijo John Kamm, un activista por los derechos humanos.

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