Los hilos de los que cuelga Lugo

Muchos son los pecados que cometió Fernando Lugo desde que asumió la presidencia del Paraguay el 15 de agosto del año pasado. Justamente, éstos son los utilizados por los partidos de oposición en sus continuas amenazas al mandatario de un juicio político.

Las más aparatosas fueron las denuncias de filiación que ya son tres –él aceptó ser padre sólo de una de las criaturas- la ingobernabilidad, y más recientemente la acusación de sobrefacturación por 22.000 hectáreas de tierra que iban a ser compradas por 31.6 millones de dólares a un latifundista brasileño, con las que se iba a dar el primer paso hacia una reforma agraria. La compra fue truncada debido a que los precios eran muy superiores a los del promedio del mercado. 

Pero la última sacudida al gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio -liderada por Lugo- fue el secuestro del ganadero paraguayo Fidel Zavala, quien permanece en cautiverio desde hace más de dos meses. Los autores de este delito dicen formar parte de un grupo paramilitar denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El EPP tiene en su haber 4 secuestros extorsivos (Edith Debernardi, Cecilia Cubas –hija del ex presidente de la república Raúl Cubas-, Luis Lindstron y ahora Fidel Zavala Serrati); 3 asesinatos comprobados (Cecilia Cubas y los policías Andrés Brítez y Óscar Noceda); más de 6 casos de asaltos y quemas de comisarías, destacamentos y estancias y hasta la colocación de una bomba en el baño del Palacio de Justicia.

Pero lo que realmente agrava la situación es la vinculación que se plantea entre Fernando Lugo y los principales cabecillas del EPP.

Al menos tres de ellos, Manuel Cristaldo Mieres, Alcides Oviedo y Gilberto Setrini son ex seminaristas que comulgan con la teología de la liberación, profesada públicamente por el actual presidente del Paraguay. Lugo fue incluso maestro de ellos tres. En repetidas ocasiones quienes hoy son miembros del EPP participaron de eventos tanto eclesiales como sociales junto al entonces obispo del departamento de San Pedro, y actual presidente de la república.

Mieres fue acusado por la Fiscalía y condenado por tener participación directa en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Alcides Oviedo habría sido el “comandante en jefe del grupo”.

Pero la verdadera falta de Lugo no es esta relación que puede ser desbaratada con evasivas, sino la respuesta que dio cuando un periodista le pidió su opinión respecto al secuestro de Cubas en tiempos en que ella todavía estaba con vida. “No sé, hay cosas más importantes de las que me tengo que ocupar”, dijo, minimizando completamente el hecho criminal.

Lo que queda claro es que tanto los miembros del EPP como el presidente del Paraguay simpatizan con la misma ideología, lo que no significa que haya un apoyo directo del gobernante.

Es más, recientemente José Villalba, hermano de Carmen Villalba (quien cumple una condena de 18 años acusada de haber formado parte del secuestro de Edith Debernardi) y Osvaldo Villalba (líder del EPP, prófugo desde el 2001) declaró a un medio de prensa local que  “todos hemos trabajado por la campaña electoral de Lugo, pero nos sentimos defraudados por la falta de cambios, por el pacto con sectores conservadores”.

A pesar de que las posturas y el discurso de Fernando Lugo tiende a ser pobre y a cambiar de sentido bruscamente de la noche a la mañana, los últimos hechos de envío de militares a la zona en la que se cree estaría el secuestrado Zavala, denotan su condena a la lucha armada y violencia criminal. No queda claro sin embargo si estas acciones se deben a la presión de un posible juicio político.

Actualmente el gobierno de Fernando Lugo cuelga de un hilo. De resultar un desenlace perjudicial en el secuestro de Fidel Zavala, la oposición, que puede lograr mayoría en las cámaras de diputados y senadores, contará con un arma más para realizar el tan temido juicio político.

PROYECTO DE LEY Y POLÉMICA
El martes pasado fue aprobado por el Senado del Paraguay un proyecto de ley que bloquea las cuentas de las personas secuestradas y de sus familiares, y que establece al Estado como el único interlocutor para negociar con los captores. El mismo causó polémica, especialmente tras las críticas que hicieron algunos familiares que sufrieron el flagelo y que no creen en la capacidad del Estado para negociar con los criminales.

El proyecto, que pasó a Diputados, dispone que por orden judicial se bloqueen las cuentas de los secuestrados y de sus familiares directos. Señala también que la negociación con los secuestradores quedará única y exclusivamente a cargo de los organismos especializados del Estado.

Por otro lado, las compañías de teléfonos móviles deberán adecuar sus sistemas informáticos de modo de poder brindar información detallada sobre eventuales comunicaciones entre los secuestradores y sus víctimas.

Si la ley es promulgada deberá ser aplicada también al caso Fidel Zavala, con lo que se evitará el pago del rescate de US$ 5 millones, solicitado por los captores. Queda por ver primero si la Cámara de Diputados, y luego el Presidente de la República Fernando Lugo, la aprueban.