Se hace pero no se muestra

En diciembre de 2007, Uruguay fue el primer país de América Latina que legalizó a nivel nacional la unión civil entre personas del mismo sexo.

“El gobierno no discrimina a los ciudadanos por su condición étnica, política o sexual”, dijo con semblante de satisfacción el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, sentado en una silla de amplio respaldo al lado del mandatario paraguayo, Fernando Lugo, en una conferencia de prensa en Asunción.

Poco antes de partir a ese viaje oficial había firmado un decreto anulando las normas según las cuales la homosexualidad era causa de ineptitud para entrar a las Fuerzas Armadas. Era la tercera medida impulsada por su gobierno para ampliar los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Hace un año y medio Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina que legalizó a nivel nacional la unión civil entre personas del mismo sexo. El Parlamento aprobó en diciembre del 2007 la Ley de Unión Concubinaria, que otorga derechos similares a los del matrimonio a aquellas parejas estables “cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual”.

Un año después el Senado votó un proyecto de ley que reconoce que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro”.

El proyecto prevé que cualquier persona pueda cambiar el registro de su nombre y sexo, sin necesidad de someterse a una cirugía. Y a partir de los 12 años, cualquier niño podrá hacerlo con el consentimiento de los padres.

Las restricciones para el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas habían sido establecidas luego de la caída de la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. Incluso en decretos del 2007, ya en pleno gobierno de izquierda, se hablaba de “desviaciones manifiestas de la sexualidad” para declarar la ineptitud de un aspirante a vestir uniforme militar.

La decisión del gobierno cayó mal en los ámbitos militares. Varias instituciones integradas por oficiales de todas las fuerzas difundieron una carta en la que acusaron a la administración de Vázquez de tener la “finalidad de desmoralizar a las Fuerzas Armadas”. Las críticas, aún más feroces, se reprodujeron en foros de Internet dedicados a temas castrenses. El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, anunció que cumplirá la orden, pero advirtió que va contra “tradiciones” arraigadas entre los militares.

EL PARTIDO PROGRESISTA
Estos cambios normativos se produjeron con el gobierno del Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna por primera vez desde 2005, que llegó al poder autodefiniéndose como un partido “progresista”.

Algunas de las normas que impulsó han generado cierto rechazo en los partidos de la oposición, en particular el Partido Nacional, de tradición católica. Sus legisladores votaron en contra de la ley de unión concubinaria.

Pero el presidente Vázquez también se ha parado del lado de la resistencia a medidas consideradas “progresistas”. Lo hizo cuando vetó la ley que despenalizaba el aborto y enfrentó críticas de sus correligionarios frenteamplistas.

El politólogo Adolfo Garcé dijo a AFP que en Uruguay hay “una tradición de tener una política de vanguardia por los derechos de las minorías, una voluntad de avanzar rápidamente en la atención de esos temas”.

En 1932 se validó en Uruguay el voto femenino. Fue uno de los primeros países del continente en hacerlo, junto a Brasil y Ecuador.

“La Iglesia no es tan fuerte acá. Tampoco el país ha tenido una oligarquía tan poderosa. Entonces no hubo fuerzas que pudieran haber frenado ese proceso progresista”, explica Garcé.

Los estudios coinciden en que menos de una cuarta parte de los uruguayos asisten al menos una vez al año a ceremonias religiosas.

Una investigación de la facultad estatal de Ciencias Sociales difundido por el semanario Búsqueda el 18 de junio reveló que el 50% de los ciudadanos se define como católico, el 56% está a favor de legalizar el aborto y el 77% no ve ningún inconveniente en que un docente homosexual dé clases a menores de edad.

UN BESO ES UN BESO
Dos mujeres de rizos negros se besan tomadas de las manos en la costa de Montevideo. Un joven rubio de camiseta celeste comparte el mate con una mujer robusta de pronunciados rasgos masculinos. Y se besan. Un hombre calvo y corpulento le da un tierno beso a otro hombre en la tribuna del estadio, y rápidamente se dan vuelta para ver el desenlace de una jugada. Todas las tomas se suceden rápidamente: Primero con planos muy cerrados sobre los labios, luego en sorpresivos planos abiertos. “En Uruguay, la ley condena la discriminación por orientación sexual e identidad de género”, dice una voz femenina en off.

Es el spot televisivo “Un beso es un beso” del colectivo Ovejas Negras, una organización no gubernamental que defiende los derechos de los homosexuales. A fines de marzo, dos de los tres canales privados de televisión abierta, el 4 y el 10, se negaron a transmitirlo. Uno pidió que fuera cambiado y el otro se justificó diciendo que el aviso no va “con la línea estética de la empresa”. El canal 12 decidió emitirlo en las últimas horas de la noche cobrando el precio de horario central.

En tiempos de campaña proselitista para las elecciones presidenciales de octubre, los principales candidatos de todos los partidos fueron consultados sobre el asunto en la radio Océano FM y ninguno censuró la actitud de los canales.

El ex presidente Luis Alberto Lacalle, candidato del Partido Nacional, opinó que el aviso atenta contra “la moral y las buenas costumbres”.

Pedro Bordaberry, que será el postulante del Partido Colorado en las próximas elecciones nacionales, sostuvo que “los canales tienen derecho” porque “hay avisos que expulsan al televidente de la grilla”.

Incluso el senador y ex guerrillero José Mujica, el candidato presidencial del oficialismo y el político más popular del país, dijo que en el país hay “una libertad de prensa administrada” y se resignó a que “se imponen los criterios de quienes la manejan”.

Ante la indiferencia política, la organización Human Rights Watch pidió al gobierno que investigue la “legalidad” de la decisión de los canales.

“Celebramos el hecho de que Uruguay sea un líder a nivel regional y global en la protección de los derechos humanos de las personas LGBT (lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero) y esperamos que ese liderazgo vuelva a ponerse de manifiesto en este caso”, auguró el director Scott Long, al observar que aunque las normas y la aceptación popular sigan la tendencia histórica de vanguardia, en Uruguay, un beso homosexual sigue siendo incómodo de ver e inconveniente defender.