Una extradición histórica

Luis Arce Gómez al momento de llegar a Bolivia extraditado desde EE.UU. - AP

Después de 20 años de presidio por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, Luis Arce Gómez, más conocido como “el ministro de la cocaína” de la dictadura militar de Luis García Mesa, está en una prisión boliviana donde le esperan 30 años de condena sin derecho a indulto por delitos de lesa humanidad. Su presencia crea mucha expectativa no sólo porque puede develar qué ocurrió con los desaparecidos políticos, sino porque conoce detalles inéditos de ese gobierno y sus actores. Su abogado afirma que Arce Gomez revelará información solo si se le anula la condena.

La ráfaga de una ametralladora anunciaba, aquel 17 de Julio de 1980, el asalto al edificio de la Central Obrera Boliviana (COB) donde estaban reunidos los principales representantes políticos y sindicales de la resistencia ante un eventual golpe militar del que ya se hablaba. Estallaba así uno de los más cruentos ataques a la democracia en la historia de Bolivia.

En esa acción violenta fue torturado y asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz, uno de los más connotados líderes de izquierda del país junto a otros dos altos dirigentes. Serían las primeras tres de las 93 víctimas mortales del nuevo régimen, y parte de las 27 que permanecen en condición de desaparecidas. Los detenidos alcanzaron a ser más de cuatro mil y de estos la mayoría fueron torturados.

Dieciocho días habían pasado desde la realización de las elecciones a las que convocó la presidenta Lidia Gueiler y en las que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta. De todos modos, la decisión de quién asumiría el mando de la nación estaba en manos del Congreso, pero antes de que este se manifestara vino el nefasto golpe de Estado. Gueiler fue obligada por los militares golpistas a firmar su renuncia a la Presidencia.

Poco antes de la acción militar, el general retirado Alfredo Ovando informó que los preparativos del golpe contaban con el asesoramiento directo de oficiales argentinos enviados por la dictadura de Rafael Videla.

A partir de ese momento y durante 13 meses, se instauró un régimen de terror comandado por el general Luis García Mesa, convertido hoy en el primer dictador militar latinoamericano que purga una condena de 30 años sin derecho a indulto, desde el año 1993.

Luis Arce Gómez, como su ministro del interior, era el brazo operativo de la dictadura. Además del violento asalto a la COB se le responsabiliza de la masacre de ocho líderes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria MIR (Enero 1981). El mismo resumió su línea dura de acción cuando advirtió que “los bolivianos subversores deben andar con el testamento bajo el brazo”.

Este militar, cuya carrera quedó truncada momentáneamente en su primera fase por una acusación de violación a una joven (hija de uno de sus superiores), participó en varias acciones golpistas. Antes del golpe de 1980 se le atribuye la autoría intelectual de la brutal tortura y asesinato de Luis Espinal, jesuita, crítico de cine y director de un semanario de izquierda (Marzo 1980), y el atentado a una masiva marcha de cierre de campaña de la Unidad Democrática y Popular (UDP) en La Paz, donde una granada de guerra lanzada sobre la multitud provocó dos muertos y más de 50 heridos, muchos de ellos horriblemente mutilados (Junio 1980). Arce Gomez era entonces jefe de Inteligencia del Ejército.

Fue Luis Arce Gomez quien, en febrero de 1980, firmó una curiosa “acta de lealtad” con Klaus Barbie, escondido en Bolivia con el nombre falso de Klaus Altmann. El criminal de guerra nazi, más conocido como “el carnicero de Lyon”, se comprometía en ese documento a prestar todo tipo de asesoramiento y servicios a cambio del grado de teniente coronel “ad honorem” de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

El ex ministro fue detenido en 1989 en Bolivia y el entonces presidente Jaime Paz Zamora ordenó su extradición a Estados Unidos, aunque era requerido también por la justicia boliviana. Paz Zamora alega que lo hizo por temor a un nuevo golpe militar pues "la democracia no estaba entonces suficientemente consolidada".

En Estados Unidos fue condenado a 30 años de cárcel por narcotráfico y tras cumplir poco más de la mitad de su sentencia fue puesto en libertad condicional, lo que posibilitó que una jueza norteamericana ordenase su expulsión.

Hoy, tras haber llegado a La Paz días atrás, está en Chonchocoro, el penal de máxima seguridad. Se le sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por alzamiento armado, organización e integración de grupos irregulares, delitos contra la libertad de prensa, asesinato, genocidio, corrupción y narcotráfico, entre otros.

Con 71 años a cuestas, parece un hombre físicamente agotado. Está enfermo de cáncer de próstata, diabetes y tiene ceguera y sordera parciales. En unas semanas, posiblemente, podrá compartir el área abierta de la prisión con su ex jefe, el dictador Luís García Mesa.

Cuando estaba en prisión en Estados Unidos, el ex militar declaró en 1992 a un diario de La Paz que conoce “absolutamente todo” lo que ocurrió en el período de gobierno en el que participó, incluida la identidad de los asesinos del líder Socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Su abogado Mirko Suaznabar ha dicho a la prensa que su defendido “expondrá esos datos públicamente solo si se le anula la condena”, lo cual según expertos juristas es imposible al existir ya una sentencia firme.

La posibilidad de que se le instaure un juicio de investigación y esclarecimiento abriría camino para que después de casi tres décadas se pueda descubrir y apresar a los criminales (autores materiales de los asesinatos) y también el paradero de los restos de quienes desaparecieron durante la dictadura más sangrienta que gobernó Bolivia. Y tal vez algo más de los entretelones y los actores de la compleja vida política que vivió este país entonces. Pero… queda la duda, ¿hablará el ministro de la cocaína?